El informe jurídico encargado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo de la decisión del Consistorio de Vic (Barcelona) de no empadronar a los inmigrantes indocumentados concluye que los ayuntamientos tienen la obligación de registrar a estas personas en el Padrón, y si no, el Estado, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), podrá hacerlo.