«Sólo pido que me reconozcan lo que he trabajado, más de veinte años». Por encima de una montaña de papeles asoma, clamando justicia, Pepita Mesas, de 62 años, una vecina de Cornellá de Llobregat (Barcelona) que lleva empantanada durante más de 10 años con la Seguridad Social en una pesadilla burocrática surrealista que la condena a la indigencia.