El día 20 de junio presentamos nuestro recurso contencioso-administrativo ante la negativa del Consejo de Transparencia de obligar a hacer público el código de un programa que decide quién resulta beneficiario del bono social eléctrico. Entendemos que el derecho a saber también alcanza a aquellos programas informáticos que a diario toman decisiones sobre la vida de los ciudadanos. Y para conocer cómo un software, en su interpretación de la normativa, llega a un resultado —cómo toma una decisión— es necesario acceder a su código fuente.