Un oligopolio del agua (Agbar, FCC y Acciona) se encarga de suministrar a unos 30 millones de ciudadanos españoles un bien considerado un derecho humano básico por la ONU. Frente a esa tendencia, crece la contestación ciudadana nucleada en torno a diversas plataformas contra la privatización del agua y a favor de su remunicipalización.