La acusada o su marido contactaron con siete mujeres de diferentes países sudamericanos, todas ellas en situación muy vulnerable, a las que ofrecieron empleo como trabajadoras domésticas y niñeras de su hija. Mantuvieron entrevistas con ellas en su domicilio, en la zona de Castrelos, y las convencieron de que debían someterse a un reconocimiento médico que el propio marido les realizaba, con tocamientos y la introducción de un hisopo en la vagina y en el ano. El marido de la acusada se suicidó durante el registro del domicilio.