Si Zapatero prometió hacer 150.000 viviendas protegidas al año, Rajoy ha prometido no construir ni una sola. La nueva política inmobiliaria estatal se volcará en la rehabilitación y el alquiler, por lo que se abandona la promoción de pisos sociales y se apuesta por subvencionar los arrendamientos a las familias de renta baja (con ingresos de menos de 19.171 euros anuales). Hasta aquí lo que ya había planteado el Ejecutivo.