El Tribunal Supremo ya había declarado, en junio de 2007, la ilegalidad de la autorización concedida por el Gobierno de Fraga a las empresas madereras que gestionan los depósitos. El bipartito de la Xunta intentó entonces negociar un cambio en los usos de la instalación. Finsa y Foresa recurrieron en casación, pero también han agotado este último cartucho en la larga batalla legal.