La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, resolviendo la cuestión prejudicial formulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre la conformidad de la legislación española en el tratamiento de la indemnización por la extinción del contrato de los trabajadores temporales, supone un serio varapalo a los sindicatos españoles insensibles durante décadas a este tipo de asuntos