En Madrid, la Dirección condena a una vendedora, tras cinco años de ejercer la venta, el último como vendedora junior a tiempo parcial de media jornada, a que la prórroga de su contrato se mantenga en iguales condiciones con ingresos brutos mensuales de 341,33€ por debajo del importe de las pensiones no contributivas. La finalidad social de la ONCE salta hecha añicos, pues mientras se da la venta a gasolineras, estancos, kioscos de prensa y a más de 300 bares, se condena a una afiliada a sueldos de miseria.