La iniciativa beneficiaría a opositores de alto perfil que están tras la rejas, algunos con condenas y otros con procedimientos abiertos, como el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, o el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, acusados de avivar las violentas protestas que dejaron más de 40 muertos a principios del 2014, entre otros delitos.