Los pozos ilegales de la Casa de Alba se van a volver a cerrar cautelarmente mientras continúa la investigación por si, con su utilización, se ha cometido un delito ambiental, tal y como sostiene la Fiscalía de Medio Ambiente. Aunque el juez apunta que no ve indicios suficientes para sellarlos por la vía penal, en un auto de finales de noviembre abría la puerta a hacerlo por la vía administrativa si la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir –que tiene las competencias de Comisaría de Aguas– consideraba que se ha cometido alguna infracción.